Protección integral de personas defensoras de derechos humanos en Honduras

Contexto de actuación:

La situación de derechos humanos en Honduras ha empeorado significativamente desde el golpe de Estado de 2009, lo que ha derivado en un régimen autoritario, aumento de proyectos extractivos, privatización de recursos y criminalización de la protesta social. A pesar de la elección histórica de Xiomara Castro como presidenta en 2021, persistentes problemas como la corrupción, impunidad, militarización y pobreza siguen limitando el pleno disfrute de los derechos humanos. En un intento por controlar la violencia de pandillas, en 2022 se decretó un estado de excepción, pero este ha tenido resultados desiguales, aumentando la violencia en algunas áreas.

Los defensores de derechos humanos en Honduras enfrentan una grave amenaza. A pesar de contar con un Mecanismo Nacional de Protección creado en 2015, este ha sido ineficaz debido a la falta de autonomía financiera y personal capacitado. Las mujeres defensoras son especialmente vulnerables, con un aumento del 125% en agresiones en 2023. Según Global Witness, Honduras es el país con más asesinatos de defensores medioambientales per cápita, con 18 defensores asesinados en 2023.

La situación es particularmente alarmante en Guapinol, donde defensores de la tierra han sido asesinados, a pesar de estar bajo medidas cautelares de la CIDH. A nivel judicial, prevalece la criminalización de los defensores de derechos humanos y una impunidad persistente en los casos de ataques, como se ha visto en el emblemático caso de Berta Cáceres, asesinada en 2016, donde aún no se han dictado sentencias firmes contra los autores intelectuales. Esto agrava los riesgos para todos los defensores en el país.

Descripción de la intervención:

Desde 2013, PBI Honduras acompaña a organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, comunidades y plataformas que enfrentan amenazas recurrentes contra su integridad y labor. Estas amenazas incluyen agresiones físicas, secuestros, desapariciones forzadas, hackeos, vigilancia, campañas de difamación, persecución legal y detenciones arbitrarias. Estas situaciones afectan su trabajo y generan estrés, ansiedad y problemas de salud mental, agravando su situación de vulnerabilidad.

Para abordar estas problemáticas, PBI Honduras promueve una estrategia integral de seguridad (física, digital, psicosocial y legal) con enfoque de género e interseccionalidad, implementada mediante cuatro ejes principales:

1. Presencia física: Acompañamiento a personas, organizaciones y comunidades en sus actividades, visitas a sedes y observación de eventos públicos, siempre bajo solicitud.
2. Incidencia política: Reuniones con autoridades locales, regionales e internacionales para promover la protección de personas defensoras y conocer avances en derechos humanos.
3. Comunicación externa: Recopilación y difusión de información sobre la situación de derechos humanos mediante alertas, informes y publicaciones que visibilizan los riesgos enfrentados.
4. Fortalecimiento de capacidades: Talleres para organizaciones y personas defensoras, enfocados en análisis de riesgos, estrategias de incidencia y planes de seguridad, con énfasis en bienestar psicosocial y seguridad digital

PBI Honduras busca garantizar un acompañamiento efectivo que permita fortalecer la labor de defensa de derechos humanos en contextos de riesgo.

Objetivos:

Fortalecer la protección integral de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos acompañadas por PBI en Honduras, a través del acompañamiento físico, el fortalecimiento organizativo, la incidencia política y la visibilización internacional.

Población beneficiaria directa:

8 organizaciones defensoras de derechos humanos, compuestas por un total de 81 personas. 80 personas beneficiarias de los talleres de protección integral.

Modalidad de cooperación:

Cooperación económica no reembolsable

Sector de intervención:

Protección de los Derechos Humanos

Fecha de concesión:

21 de noviembre de 2024

Período de ejecución:

1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025

Localización geográfica:

Honduras

Entidad beneficiaria:

Brigadas Internacionales (PBI)

Coste total del proyecto:

29.955 €

Financiación concedida por la JCyL:

21.000 €

Organismo:

Consejería de la Presidencia