Promoviendo el derecho a la alimentación en escuelas para la recuperación post COVID: Implementación de la política de Alimentación Complementaria Escolar en 10 Municipios interandinos quechuas de Bolivia

Contexto de actuación:

A pesar del reconocimiento en el marco normativo boliviano del DHA para la población en relación a la seguridad alimentaria de los últimos años, ya antes de la COVID-19 la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población indígena campesina seguía siendo muy alta. Esta vulnerabilidad medida en el índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (VAM) por última vez en 2012 señalaba que el 88% de los municipios del país seguía estando entre las categorías de vulnerabilidad media y alta. Los 10 municipios de cobertura se situaban en el nivel más alto, y en los diagnósticos elaborados para el diseño de sus Planes Territoriales de Desarrollo Integrales (PTDIs) en 2016, evidenciaban su elevado empobrecimiento: la tasa de personas bajo el umbral de la pobreza es 92,5% en Ravelo, 87,5% en Colquechaca, 90.1% en Pocoata, 84,6% en Anzaldo, 82,7% en Acasio, 88,7% en Torotoro. Este contexto se ha visto agravado durante la gestión de la pandemia COVID-19. Si bien la incidencia sanitaria de la crisis multidimensional provocada no ha sido relevante en el área, las medidas excepcionales adoptadas, que han restringido la movilidad y paralizado la actividad económica, han supuesto una amenaza a la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población campesina, de por sí frágiles. Según una encuesta de percepciones en relación a la COVID-19 (ACLO, 2020), la principal preocupación de la población en el área después de contraer la enfermedad, era quedarse sin alimentos. Otra preocupación asociada al cierre de las unidades educativas durante el curso pasado, en las que los programas públicos de ACE constituyen la principal fuente de alimentación para muchos niños y niñas de familias empobrecidas. Si bien todavía no hay datos sobre el impacto que la suspensión de estos programas ha podido suponer sobre la población escolar, puede ser demoledor en un contexto en el que según la ENDSA de 2016 el porcentaje de niños y niñas con anemia ascendía a 68.9% para el departamento de Potosí y el 46,4% en Cochabamba (5 de los 9 municipios de intervención se hallan en la región más empobrecida de Bolivia y de Potosí, Región Norte de Potosí).

Estos municipios de cobertura son rurales, las comunidades de intervención son campesinas e indígenas, mayoritariamente quechuas, teniendo como recurso de supervivencia la actividad agropecuaria ejercida en pequeñas explotaciones familiares y muy expuestas a las consecuencias del cambio climático. Están situadas en zonas de difícil acceso y con escasez de servicios básicos; asentadas en zona andina de gran altura, con un terreno muy accidentado y con condiciones climatológicas duras. 

En relación al género, sigue habiendo brechas en el acceso y control de los recursos naturales productivos, la participación en la toma de decisiones respecto a las estrategias productivas y destino de excedentes sigue relegada en relación a los varones, persisten patrones alimentarios discriminadores hacia las mujeres y las niñas y hay déficit de participación en espacios de toma de decisiones.

A pesar de este contexto de pobreza e inseguridad alimentaria agravado por la pandemia pero preexistente a la misma, en la última década han mejorado las condiciones para la inversión pública, se han dado avances en descentralización del Estado y la apertura de espacios para la participación ciudadana, por lo que sectores poblacionales antes relegados –como el sector campesino indígena- pueden ahora trasladar sus demandas a los sectores públicos y aportar sus visiones de desarrollo en la elaboración de políticas públicas locales. 

Descripción de la intervención:

Con este proyecto se pretende dar continuidad y ampliar una intervención apoyada por JCyL 2019 orientada al ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de la población escolar con enfoque de género de 10 municipios quechuas de Bolivia, reactivando el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible. Con una inseguridad alimentaria infantil y juvenil elevada y agravada por la crisis, tras el cierre de las unidades educativas durante 9 meses, en su reapertura se seguirá fomentando el cumplimiento de la Ley 622 de Alimentación Complementaria Escolar (ACE), promoviendo que los menús ofrecidos cumplan los criterios nutricionales normados y se provean de alimentos de producción agroecológica de las organizaciones económicas campesinas y comunitarias (OECAs y OECOMs) locales, como prioriza la ley, para contribuir a la soberanía alimentaria territorial y reconstrucción del tejido económico local sustentado en la Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria –AFCC‐ sostenible.

Se fortalecerán las capacidades técnicas de titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para la gestión y gobernanza participativa de esta política pública, en 3 componentes, con criterios de igualdad de género e interculturalidad:

1) Articulación de actores para coordinación, gestión y seguimiento participativo de la política ACE. Se conformará (municipios de réplica) y/ fortalecerá (municipios de consolidación) una instancia específica con participación (equitativa entre hombres y mujeres) de Alcaldía, Dirección Distrital de Educación, Unidad de Nutrición Integral, representantes de organizaciones campesinas locales y consejos educativos ‐profesorado, estudiantes y madres y padres de familia‐, para impulsar, coordinar, dar seguimiento y rendir cuentas sobre la ejecución de una política pública según los criterios de la Ley 622 y adaptados participativamente al territorio.

2) Diseño participativo entre todos los actores de menús escolares nutricionalmente completos, adaptados a la cultura alimentaria y producción local, implementando un programa de educación alimentaria nutricional, para revertir el patrón alimentario local discriminatorio hacia mujeres y niñas.

3) Fortalecimiento a OECAs y OECOMs para reforzar sus capacidades de producción sostenible y transformación de alimentos para un suministro regular a la ACE, priorizando iniciativas de mujeres, para promover su empoderamiento y autonomía, con contenidos orientados a la reducción de brechas de género en la dimensión productiva y especialmente el control de ingresos y participación equitativa en bases y directivas organizativas. El proyecto supone la consolidación del trabajo ya iniciado para la adecuada implementación de la ACE en 7 municipios y la replicabilidad en otros 3.

Objetivos:

Promover la adecuada implementación de la política pública de Alimentación Complementaria Escolar (ACE) con enfoque de género en 10 municipios, para la mejora nutricional de la población escolar y la reactivación de la producción local agroecológica

Población beneficiaria directa:

11.150 mujeres (6.919 niñas, 4.231 adolescentes) y 12.044 hombres (7.351 niños, 4.693 adolescentes)

Población beneficiaria indirecta:

1.230 mujeres (763 productoras, 183 técnicas de alcaldía, unidades educativas y UNIs, 284 madres) y 958 hombres (407 productores, 242 técnicos de alcaldías, unidades educativas y UNIs, 309 padres)

Modalidad de cooperación:

Cooperación económica no reembolsable

Sector de intervención:

Soberanía alimentaria

Fecha de concesión:

28 de octubre de 2021

Período de ejecución:

01/09/2021-31/12/2022

Localización geográfica:

• Cochabamba
• Potosí

Entidad beneficiaria:

ENRAÍZA DERECHOS

Socio local:

• CIPCA
• IPTK
• AYNISUYU

Coste total del proyecto:

312.587 €

Financiación concedida por la JCyL:

154.645 €

Organismo: