Promoción del Derecho Humano al Agua de mujeres, hombres, niños y niñas de la zona rural de los municipios de San Lucas y Yalagüina (Nicaragua)

Contexto de actuación:

Nicaragua es uno de los países más pobres de Centroamérica (IDH 0,660, puesto 128 de 189). Desde 2020, la pobreza (ingresos <$3.20/día) ha aumentado en Nicaragua un 1% y la inseguridad alimentaria un 8% (BID), como consecuencia de las diversas crisis que han afectado al país en los últimos años: la crisis sociopolítica desde abril 2018, junto con los efectos de la pandemia por el Covid19 y el impacto de los huracanes Iota y Eta en 2020.

Nicaragua tiene una población de 6,6 millones de personas (50,7% mujeres), de las cuales un 41% viven en comunidades rurales. Ocupa el puesto 103 (de 159) en cuanto a desigualdad de género y tiene una elevada incidencia de violencia contra la mujer (104-289/ 100.000 hab.). En el ámbito rural, las desigualdades se agudizan.

Además, es uno de los países más expuestos y vulnerables a los efectos del Cambio Climático, siendo una de las amenazas principales para la realización sostenible de los DDHH fundamentales de su población, especialmente la rural. Según datos de UNICEF, el Índice de riesgos climáticos de la infancia (IRCI) en Nicaragua es de 4.6%, lo que lo coloca en la posición número 94 (de 200 países). Para las niñas, además, el tabú de la menstruación provoca una falta de servicios adecuados para su higiene, propiciando su absentismo escolar.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la población nicaragüense es el desabastecimiento de agua y saneamiento, especialmente en el sector rural, donde, según datos del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), el acceso al agua es de un 55%, pero solo el 30% de estos se considera que tienen acceso a agua de fuentes seguras. El país está aún lejos de alcanzar las metas establecidas para el ODS 6.

El proyecto se desarrolla en Yalagüina y San Lucas, municipios de pobreza alta o severa (media del 41% de población en pobreza extrema, según INIDE), caracterizados por una economía basada en la agricultura (granos básicos, café y cacao) y un débil tejido empresarial.

Hay una elevada densidad de población (171 hab/km2 y 85 hab/km2 vs 50 hab/km2 nacional) que, junto a su ubicación en zona fronteriza (San Lucas es limítrofe con Honduras y Yalagüina está a 40 km) y el precario acceso a agua, los sitúan entre los municipios más vulnerables.

Aunque el contexto en acceso a agua se vio mejorado por las intervenciones pasadas apoyadas por ONGAWA, ambos municipios sufren una alta vulneración de los DHAyS, con coberturas teóricas altas que caen a niveles muy bajos cuando se analiza la situación según las dimensiones del derecho. Situados en el Corredor Seco y entre los 27 municipios con afectación severa de sequía, agudizada por el cambio climático y la degradación de sus recursos naturales, sufren escasez permanente de agua. Las coberturas teóricas del 82,3% (YL) y 86,8% (SL), según SIASAR, no reflejan los grandes problemas de cantidad (5 a 20 lppd), continuidad (35% recibe agua menos de 6 horas y 74% con problemas en verano) y calidad (8% y 3% realizan desinfección). Esta situación repercute especialmente en mujeres y niñas, encargadas de conseguir y manejar el agua, dedicando 2h de media al día.

La clave de la continuidad de los servicios reside en los CAPS, responsables de su gestión. Actualmente hay 24 CAPS constituidos en Yalagüina y otros 24 en San  Lucas, aunque con débil capacidad y alta vulnerabilidad ante crisis sobrevenidas.

El deficiente acceso a servicios adecuados de AyS, imposibilita la adopción de prácticas de higiene adecuadas, que conlleva una alta incidencia de enfermedades relacionadas con el agua, y en el caso del Covid19, dificulta enormemente su contención y prevención.

Descripción de la intervención:

El proyecto busca contribuir a que 5.331 titulares de derechos (2.788 mujeres) de 11 comunidades rurales de Yalagüina y San Lucas, Nicaragua, mejoren el ejercicio de su derecho humano al agua (DHA), buscando un impacto en su calidad de vida e incrementando su resiliencia ante situaciones críticas que les afectan. Ambos municipios son considerados de pobreza extrema y, situados en pleno Corredor Seco nicaragüense, sufren una permanente carencia de agua. Se pondrá especial atención a las necesidades de mujeres y niñas, a quienes el contexto les afecta especialmente: encargadas de acarrear y gestionar el agua en sus hogares, tienen poco poder de decisión y su papel es poco valorado.

Para incidir en esta situación se ha elaborado una estrategia integral en cuatro líneas de trabajo: i) Mejora de la provisión de los servicios de abastecimiento de agua; ii) Fortalecimiento del sistema de gestión comunitaria de agua con enfoque de género; iii) Incorporación de prácticas de higiene críticas, con especial foco en el lavado de manos y agua segura para consumo humano; iv) Mejora de la gestión integral de los recursos hídricos. La acción será implementada por ONGAWA Nicaragua y ADEES, con una amplia experiencia conjunta en el territorio y con capacidades complementarias, a través, principalmente, de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) y en coordinación con los Gobiernos Municipales, como principal titular de obligaciones.

Objetivos:

Contribuir a la plena realización del derecho humano al agua de mujeres, hombres, niños y niñas de la zona rural de los municipios de San Lucas y Yalagüina, Nicaragua.

Población beneficiaria directa:

5.331 personas (2.788 mujeres y 2.542 hombres)

Población beneficiaria indirecta:

1.267 personas (568 mujeres y 699 hombres)

Modalidad de cooperación:

Cooperación económica no reembolsable

Sector de intervención:

Acceso al agua potable

Fecha de concesión:

8 de noviembre de 2022

Período de ejecución:

1º fase: 1 noviembre 2022 al 31 mayo 2023 2ª fase: 1 junio 2023 al 31 mayo 2024

Localización geográfica:

San Lucas

Entidad beneficiaria:

ONGAWA – Ingeniería para el Desarrollo Humano

Socio local:

Principal: Asociación para el Desarrollo Eco- Sostenible (ADEES)

Coste total del proyecto:

375.000 euros

Financiación concedida por la JCyL:

237.000 euros